El ministro Bertoya ratificó que denunciará por irregularidades a dirigentes gremiales. Desde el sindicato le respondieron acusándolo a él y con un amparo.
Neuquén > El debate por la aplicación de la ley provincial de Bosques Nativos derivó ayer en acusaciones penales cruzadas entre ATE y el titular de la cartera de Desarrollo Territorial, Leandro Bertoya. El ministro ratificó que irá a la Justicia para aclarar una rendición irregular de fondos por parte de afiliados al gremio, mientras que los dirigentes sindicales difundieron una acusación por estafa e incumplimiento de deberes de funcionario público, más un pedido de “amparo ambiental”.
Los dos anuncios se produjeron casi en simultáneo, a las 10.30 de ayer. Por un lado, el ministro ratificó tras un acto oficial que denunciará al ex director de Bosques Nativos y afiliado a ATE, Daniel Bocos, por rendir “facturas que no se ajustan a las formalidades”.
Por otro, el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, y el abogado y dirigente del UNE, Mariano Mansilla, informaron que habían acusado a Bertoya por “partícipe necesario” en una supuesta estafa inmobiliaria, que contradice a la Ley Provincial Nº 2780.
Al mismo tiempo, ante la acusación del gremio, Bertoya indicó que lo ponía “muy contento”, aunque advirtió que “es una presentación ociosa, porque la ley provincial no está reglamentada y no hay ningún expediente en mi escritorio, ni lo hubo, sobre los emprendimientos en los que ellos están interesados”.
“El hormiguero que pateamos es mucho más grande de lo que veíamos; péguele al chancho y aparece el dueño, dice el refrán”, bromeó el funcionario provincial. También remarcó que está reuniendo la documentación necesaria para su propia denuncia: “Tenemos la necesidad de contar con esa documentación para no acusar en vano, como hacen ellos; si algún día me equivoco, me voy a rectificar públicamente, pero no creo estar tan equivocado por los documentos que tengo”.
Quintriqueo, en tanto, recordó que los emprendimientos inmobiliarios en los bosques del cerro Bayo se amparan en “la necesaria participación de funcionarios provinciales y municipales, que dictaron normas contrarias a la ley”. Mencionó, entre otras, al Decreto Provincial Nº 1366 y a la Ordenanza Nº 2471 de Villa La Angostura.